Revisan medidas tras escurrimientos de aguas servidas que afectaron a más de 100 familias en San Pedro
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) inició una revisión de las medidas adoptadas en San Pedro de Atacama luego de los episodios de escurrimiento de aguas servidas que afectaron a más de un centenar de familias residentes en sectores rurales de la comuna.
El organismo busca determinar qué acciones concretas han ejecutado las autoridades durante los últimos meses para evitar que este tipo de situaciones vuelva a repetirse.
INDH solicitó antecedentes a distintas instituciones
Como parte del seguimiento, la sede regional del INDH envió requerimientos de información a diferentes organismos públicos vinculados con la situación.
Entre ellos se encuentran la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la Dirección Regional de Obras Hidráulicas (DOH), la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, la Seremi de Salud, el Gobierno Regional y la Municipalidad de San Pedro de Atacama.
El objetivo es conocer el nivel de cumplimiento de las medidas comprometidas y establecer qué avances se han producido desde marzo.
También consultaron por eventuales nuevos desbordes
Además de solicitar información sobre las acciones preventivas, el INDH pidió aclarar si durante los últimos meses se han registrado nuevos escurrimientos provenientes de la planta de tratamiento.
La consulta apunta especialmente a determinar si las aguas servidas han vuelto a alcanzar sectores habitados próximos a las instalaciones.
Más de 100 familias se vieron afectadas
El seguimiento tiene su origen en dos episodios de escurrimiento registrados desde la planta de tratamiento administrada por el Comité de Agua Potable y Alcantarillado Rural de San Pedro de Atacama (CAPRA).
Los desbordes alcanzaron áreas cercanas a viviendas rurales y afectaron a más de un centenar de familias.
La sede regional del INDH mantiene estos antecedentes bajo observación desde fines de 2025.
SMA había ordenado medidas preventivas
En marzo, la Superintendencia del Medio Ambiente instruyó la implementación de distintas acciones destinadas a reducir el riesgo de nuevos episodios.
A esas disposiciones se sumaron compromisos asumidos por el Gobierno Regional para desarrollar obras preventivas.
Ahora, el INDH busca establecer cuánto de esas medidas ha sido efectivamente materializado y cuál es la situación actual de las comunidades cercanas a la planta.
INDH pide respuestas y soluciones concretas
El jefe regional del organismo, Paulo Palma, explicó que el seguimiento busca obtener información clara sobre las acciones desarrolladas por las autoridades.
“Desde la sede regional estamos trabajando activamente en el seguimiento de los casos de San Pedro de Atacama, enviando oficios a las autoridades competentes para exigir respuestas claras y oportunas. Nuestra labor como INDH es asegurar que los derechos humanos estén al centro de la gestión pública”, señaló.
El representante agregó que esperan que la fiscalización “se traduzca prontamente en medidas concretas que protejan a las comunidades y garanticen un entorno seguro y digno para todas y todos”.
Mientras se esperan las respuestas de los organismos requeridos, el INDH continuará monitoreando las acciones destinadas a prevenir nuevos escurrimientos y resguardar a las familias que viven en las inmediaciones de la planta de tratamiento.
