Red de explotación sexual en Antofagasta: 22 acusados arriesgan penas de hasta 47 años
El análisis financiero se convirtió en uno de los ejes principales de la investigación conocida como “Casa de Muñecas”, causa en la que la Fiscalía Regional de Antofagasta acusa a 22 personas por su presunta participación en una organización criminal dedicada a la explotación sexual y al lavado de activos.
Según los antecedentes reunidos, los recursos obtenidos por la estructura habrían sido incorporados al sistema económico formal mediante cuentas bancarias facilitadas por terceros, negocios utilizados como fachada y bienes inscritos a nombre de otras personas.
También se detectaron inversiones en vehículos, propiedades y fondos mutuos que no tendrían correspondencia con los ingresos declarados por los investigados.
Más de 2.800 operaciones bancarias quedaron bajo análisis
Entre los movimientos revisados aparecen más de 2.800 transferencias de bajo monto.
La tesis del Ministerio Público sostiene que esta modalidad habría permitido fragmentar los flujos de dinero con el objetivo de evitar mecanismos de control financiero.
A ello se suma que uno de los grupos investigados habría participado en préstamos informales bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.
El fiscal regional Juan Castro Bekios destacó que atacar los recursos económicos es una parte esencial de la persecución de este tipo de organizaciones.
“A una organización criminal no se la vence solo con detenciones, se la vence cuando pierde su dinero. El patrimonio es su oxígeno, y nuestro trabajo es cortarlo”, afirmó.
También agregó que “En la trata, seguir el dinero no solo permite probar el lavado: permite reconstruir la explotación que lo hizo posible. Cuando una organización pierde su patrimonio, pierde también su capacidad de volver a captar”.
Fiscalía atribuye funcionamiento de cuatro clanes familiares
La red habría operado durante cinco años en Antofagasta
La investigación apunta a que la estructura estuvo activa entre 2020 y 2025 y estaba compuesta por cuatro grupos criminales más pequeños relacionados familiarmente.
Según la acusación, estos clanes se coordinaban para administrar prostíbulos clandestinos y un café donde se ejercía comercio sexual.
Los delitos atribuidos incluyen asociación criminal para cometer trata de personas, trata con fines de explotación sexual, promoción o facilitación de entrada o salida del país para ejercer la prostitución, asociación para lavado de activos, lavado de activos y tráfico de drogas en pequeñas cantidades.
Cerca de 20 personas fueron rescatadas durante el operativo
El caso se hizo público en agosto de 2025, cuando un procedimiento encabezado por el Ministerio Público y ejecutado por unidades especializadas de la PDI permitió desarticular parte de la estructura.
Durante los allanamientos se realizaron detenciones y se incautaron automóviles de alta gama, dinero en efectivo, joyas y documentación bancaria y contable.
Uno de los principales resultados fue el rescate de cerca de 20 personas que, de acuerdo con la investigación, se encontraban en situación de explotación sexual.
Las víctimas habrían sido captadas tanto en sus países de origen como en Antofagasta, aprovechando especialmente condiciones de vulnerabilidad.
Algunas se encontraban en situación migratoria irregular y carecían de redes familiares o de apoyo.
Fiscalía destaca rol de protección a las víctimas
Castro Bekios señaló que el avance de este tipo de causas depende no solo de las diligencias policiales, sino también del apoyo entregado a las personas afectadas.
“Investigar la trata exige empezar por las víctimas: personas que llegan sin redes, sin documentos y con miedo. Si el Estado no las protege primero, no hay causa que resista. Por eso el trabajo de nuestra Unidad de Víctimas es tan decisivo como el de los investigadores. En la trata, la frontera no es solo la que se cruza al llegar: es la que se le impone a la víctima para que no pueda salir”, expresó.
La investigación fue desarrollada por fiscales del Sistema de Análisis Criminal junto con las brigadas Brianco y Brilac de la Policía de Investigaciones.
Ministerio Público solicita penas que suman más de 642 años
Tras reunir los antecedentes, la Fiscalía presentó acusación contra 22 imputados y solicitó penas que, consideradas en conjunto, alcanzan 642 años y 26 días de presidio.
Las sanciones pedidas para cada acusado fluctúan entre 17 y 47 años, según el grado de participación atribuido.
La acusación también incluye multas que suman 7.730 UTM y el comiso de bienes que estarían relacionados con las actividades investigadas.
Una presunta líder permanece detenida en Colombia
Una mujer que habría tenido funciones de liderazgo en uno de los clanes no fue capturada en el procedimiento realizado en agosto de 2025 porque se encontraba fuera de Chile.
Fue formalizada en ausencia en abril de 2026 y posteriormente se inició un proceso para lograr su extradición.
En mayo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la solicitud de extradición activa y actualmente la imputada permanece en prisión preventiva en Colombia.
Fiscalía resalta cooperación entre Chile y Colombia
Castro Bekios sostuvo que este tipo de investigaciones requiere coordinación internacional cuando los involucrados se desplazan fuera del país.
“El crimen organizado no reconoce fronteras, y la justicia tampoco puede reconocerlas. La cooperación internacional no es un complemento de la persecución penal: es su condición”, manifestó.
El fiscal también valoró el trabajo de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, la Cancillería chilena y las autoridades colombianas.
“Sin esa cooperación, una orden dictada en Antofagasta no habría tenido efecto al otro lado del continente”, añadió.
Finalmente, afirmó que el Ministerio Público continuará con las gestiones necesarias para que los involucrados comparezcan ante la justicia chilena.
“La Fiscalía Regional de Antofagasta no descansará en la persecución de quienes deban responder ante los tribunales chilenos, donde sea y por el tiempo que intenten ocultarse. La verdad que deben establecer los tribunales no tiene fronteras”, concluyó.
Preparación de juicio oral será el 30 de noviembre
La audiencia de preparación de juicio oral fue fijada para el 30 de noviembre ante el Juzgado de Garantía.
En esa instancia se revisarán las pruebas que las partes pretenden incorporar posteriormente al juicio.
La Fiscalía anunció la presentación de 79 testigos, siete peritos y 571 documentos, además de otros antecedentes recopilados a lo largo de la investigación.
La responsabilidad penal definitiva deberá ser resuelta por el tribunal competente y los acusados mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Imagen de contexto: Soychile.
