Crisis carcelaria en Antofagasta: seis mujeres embarazadas y cuatro bebés viven en penales de la región

 Crisis carcelaria en Antofagasta: seis mujeres embarazadas y cuatro bebés viven en penales de la región

La Región de Antofagasta enfrenta un escenario crítico de sobreocupación carcelaria. Un reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) establece que todos los recintos penitenciarios de la zona funcionan por encima de su capacidad y que la ocupación femenina alcanza el nivel más alto de Chile.

Según los antecedentes analizados, al 30 de junio de 2025 había 3.289 personas privadas de libertad en la región, pese a que la disponibilidad total era de 2.034 plazas.

Esto equivale a una ocupación de 161,7%, cifra superior al promedio nacional, que llega a 140,9%.

Cuatro cárceles de la región están entre las más saturadas de Chile

El documento identifica cuatro recintos de Antofagasta dentro de las diez cárceles con mayores niveles de sobreocupación del país.

Se trata del Centro de Detención Preventiva de Tocopilla, el CDP de Calama, el Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta y el CDP de Taltal.

Este último presenta el nivel de sobrepoblación más alto a nivel nacional.

Ocupación femenina llega al 217,8%

Seis mujeres embarazadas y cuatro bebés permanecían en recintos penitenciarios

Uno de los datos más preocupantes del informe corresponde a la situación de las mujeres privadas de libertad.

La ocupación femenina en las cárceles de la región llega a 217,8%, la proporción más alta registrada en Chile.

En junio de 2025 había 379 mujeres privadas de libertad. De ellas, 164 estaban en calidad de imputadas y 215 cumplían condena.

La mayoría de las internas se encontraba vinculada a delitos contemplados en la ley sobre tráfico ilícito de estupefacientes.

Además, el informe contabilizaba seis mujeres embarazadas y cuatro lactantes viviendo junto a sus madres dentro de establecimientos penitenciarios.

Informe detecta graves deficiencias en Calama y Tocopilla

El reporte también detalla problemas de infraestructura y condiciones sanitarias observados directamente en recintos de Calama y Tocopilla.

Entre las situaciones detectadas figuran inodoros sin conexión al sistema de alcantarillado, celdas con acumulación de basura, filtraciones, interrupciones en el suministro de agua y camas sin colchón.

Desde la Unidad de Protección del INDH explicaron que “el reporte cruza las cifras oficiales de Gendarmería con lo que los y las funcionarias del instituto pudieron observar al interior de las cárceles. Eso permite ver ciertas cosas que los números y porcentajes no muestran: cómo la sobreocupación y el hacinamiento que muchas veces repercuten en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad”.

Más de 3.200 personas permanecían privadas de libertad

Del total de 3.289 personas contabilizadas a mediados de 2025, 2.910 eran hombres y 379 mujeres.

Entre los hombres, 1.195 permanecían como imputados y 1.715 estaban condenados.

El informe permitió dimensionar no solo la cantidad de personas recluidas, sino también las consecuencias que tiene la sobreocupación sobre las condiciones de habitabilidad de los recintos.

INDH presentó resultados ante autoridades regionales

El reporte fue expuesto en dependencias de la Dirección Regional de Gendarmería ante representantes de distintas instituciones.

En la jornada participaron el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Ramón Tagle; la defensora regional, Karina Reyes; el director regional de Gendarmería, coronel Mario Benítez; el jefe operativo regional de Gendarmería, coronel Jaime Pincheira; además de jefaturas de las unidades penales.

La presentación estuvo a cargo de Marlene Velásquez y Catalina Salinas, abogadas de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del INDH.

El análisis fue dividido entre estándares internacionales vinculados a ocupación y hacinamiento y los principales hallazgos observados tanto a nivel nacional como regional.

Buscan que el diagnóstico se traduzca en decisiones

Desde la Unidad de Protección del organismo señalaron que “un diagnóstico como el que desarrolla el reporte sirve si llega a quiénes pueden tomar decisiones. Por eso, decidimos presentarlo en la región, ante Gendarmería, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos y la Defensoría Penal Pública. De esta forma, a partir de un acervo común de información, todas las instituciones pueden, desde su rol, contribuir a buscar soluciones”.

La intención es que los datos recopilados sirvan como base para coordinar medidas entre las instituciones con competencias en materia penitenciaria.

INDH advierte dos crisis simultáneas en Antofagasta

El jefe regional del INDH, Paulo Palma, sostuvo que el problema en la zona no puede analizarse únicamente desde la cantidad de personas recluidas.

“el reporte revela que Antofagasta no tiene una crisis de hacinamiento general, tiene dos crisis superpuestas: una crisis histórica de centros en malas condiciones y una crisis de género oculta, que la convierte en la región con más mujeres privadas de libertad en Chile”, indicó.

Organismo pide medidas más allá de construir nuevas cárceles

El INDH recordó que, según los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enfrentar el hacinamiento no consiste únicamente en ampliar infraestructura o aumentar las dotaciones de funcionarios.

También se requiere establecer límites efectivos a la capacidad de alojamiento y adoptar acciones concretas para evitar que los centros penitenciarios continúen operando por encima de sus posibilidades.

Los antecedentes recogidos durante la jornada serán sistematizados en nuevos informes que servirán como base para impulsar un trabajo coordinado entre las instituciones de la Región de Antofagasta.

Foto: Soychile.