Hacinamiento en cárcel de Copiapó obliga traslado de reos a Antofagasta y Tocopilla
Una medida administrativa adoptada a fines de diciembre reactivó el debate sobre el sistema penitenciario en Atacama. Gendarmería de Chile autorizó el traslado de 93 personas condenadas desde el penal de Copiapó hacia distintos recintos del país, con el objetivo de aliviar la sobrepoblación del establecimiento.
La resolución, fechada el 19 de diciembre, detalla los motivos del plan y los destinos definidos para los internos, en un contexto que la institución califica como urgente.
Un plan para descongestionar el recinto
Desde Gendarmería explicaron que la decisión responde a la presión operativa que enfrenta el penal y a su nivel de complejidad. En el documento oficial se señala que “la contingencia que enfrenta actualmente ese recinto penal y su clasificación de mediana complejidad, hace necesario llevar a cabo un plan urgente de descongestionamiento, materializando el traslado de internos condenados, sin domicilio en esa región, sin visita de redes familiares, o faltas graves al régimen interno y de conducta deficiente”.
La estrategia apunta a redistribuir a los condenados en cárceles que cuenten con condiciones de seguridad y operación acordes a sus perfiles.
¿A qué cárceles serán derivados?
De acuerdo con información publicada por Diario de Atacama, la nómina contempla traslados a distintos puntos del país. El desglose considera:
- Arica: 16 internos
- Alto Hospicio: 17
- Antofagasta: 14
- Tocopilla: 2
- La Serena: 14
- Puente Alto: 4
- Colina I: 2
- Colina II: 6
- Santiago Sur: 3
- Santa Cruz: 1
- Rancagua: 1
La selección de destinos respondió a criterios de disponibilidad y resguardo, según el perfil de cada persona condenada.
Familias buscan frenar la medida
Tras conocerse la resolución, el foco se trasladó a los efectos sociales del plan. Familiares de algunos internos iniciaron recursos de amparo para intentar revertir los traslados, argumentando que existen vínculos directos radicados en Copiapó.
En uno de los casos, la conviviente de un condenado recurrió a la justicia alegando que la decisión sería arbitraria y que vulnera derechos fundamentales. El reclamo subraya el impacto emocional en sus tres hijos, quienes mantenían un contacto permanente con su padre y verían interrumpido ese vínculo por el cambio de recinto.
Mientras el proceso judicial avanza, el plan de descongestión abre una discusión más amplia: cómo equilibrar la gestión penitenciaria con el derecho a la vida familiar de quienes cumplen condena.
